Virus, vigilancia y violencia: lo que América Latina no puede ocultar. Cuando el poder enferma, la gente paga 53622f

Bienvenidos a LatinoNomics, el espacio donde los discursos vacíos no tienen lugar y la corrección política no marca la pauta.

Aquí no hacemos turismo por la miseria, tampoco vamos a glorificar narrativas ideológicas disfrazadas de análisis, vamos directo a lo que importa, a lo que incomoda, a lo que muchos prefieren esquivar.

Hoy hablaremos de virus que avanzan mientras los estados juegan a la fumigación, de regiones dominadas por grupos armados mientras los gobiernos se felicitan entre sí, de sanciones internacionales que tienen más dejo de política que de justicia, y de sistemas de salud, industria y seguridad que no colapsan por mala suerte, sino por abandono estructural.

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Este espacio no se vende, no se calla y no sale ni leer. Empezamos.

En marzo, Venezuela confirmó 5 casos del virus de Orpoche, 5, un número que a primera vista no parece alarmante, pero el problema real no está en las cifras, sino en el estado, o mejor dicho, en su incapacidad crónica para gestionar siquiera lo más básico.

Este virus, transmitido por GGN y mosquitos, podría parecer otra enfermedad tropical más, pero sus efectos neurológicos y su avance por regiones fronterizas lo convierten en una amenaza real.

No hay vacuna, no hay tratamiento, solo control biológico y fumigación a la desesperada.

Como si eso bastara en un país con movilidad fronteriza masiva, infraestructura colapsada y décadas de desinversión.

La ministra Magaly Gutiérrez asegura que han instalado puestos de salud, pero en lugares como el Táchira lo que hay son ciudadanos expuestos, autoridades que improvisan y un silencio institucional que pesa más que cualquier epidemia.

Pero no nos engañemos, Oropoche no es nuevo.

Entre tanta urbanización descontrolada, la deforestación masiva y un cambio climático que nadie en el poder quiere asumir, América Latina se ha convertido en el entorno ideal para este tipo de brote.

La pregunta no es si va a expandirse, la pregunta es ¿Quién se va a atrever a reconocer que ya está fuera de control? En el catatumbo colombiano no hay guerra contra el narcotráfico, no hay una lucha por la paz, lo que hay es guerra, pero sin Estado.

Un centramiento entre grupos armados por el control de rutas, territorios y vidas, y el Estado, bueno, no está herido, no está replegado, simplemente no está.

Las disidencias del Frente 33 de las FARC se reagrupan con apoyo externo y armamento moderno.

El ELN, mientras tanto, consolida posiciones, drones incluidos, porque en Colombia la tecnología de combate llega más rápido a los grupos ilegales que la medicina a los hospitales rurales.

La Fundación Ideas para la Paz lo advirtió, el conflicto no solo persiste, está mutando.

Desde enero, más de 90 muertos, 60.000 desplazados y 16.000 confinados.

Pero nada de eso altera la narrativa oficial, donde las estadísticas se maquillan y la expresión conflicto armado, ya casi no se usa.

El Catatumbo es un agujero negro institucional, un lugar donde la bandera nacional no significa nada y la vida humana aún menos.

Es el verdadero retrato de un país donde el poder del Estado tiene fronteras internas que nadie quiere mapear.

Desde la Casa Blanca, Donald Trump actualiza su estrategia hacia Venezuela.

Su istración ha revocado permisos a compañías petroleras extranjeras, como Repsol, para operar en el país sudamericano, y ha impuesto aranceles del 25% a naciones que adquieran crudo venezolano.

Estas medidas buscan presionar al gobierno de Nicolás Maduro, acusado de vínculos con actividades ilícitas y de perpetuar una crisis humanitaria.

Sin embargo, más allá de la retórica oficial, es evidente que la geopolítica y los intereses económicos están en juego.

Mientras tanto, la corrupción interna ha devastado la economía venezolana.

Se estima que entre 23.000 y 26.000 millones de dólares en ingresos petroleros exclusivamente han desaparecido.