Episodio 3. El estado en acción: políticas pública para la soberanía alimentaria y la agroecología 5uu67

Hacia la soberanía alimentaria y la agroecología.

Tenemos que colectivamente reunir ese poder popular lo suficientemente fuerte para exigirle al Estado que haga lo que tiene que hacer, ni más ni menos.

Un espacio sonoro de diálogo multiactoral.

El Estado es un espacio en disputa, y esas disputas tienen claros ganadores y perdedores.

Bienvenidos y bienvenidas.

En este podcast, en ocho episodios, conversaremos con profesionales, académicos y productores de Argentina.

Estos temas tan importantes necesitan un cambio cultural profundo que no solamente se logra mediante la sanción de leyes.

Las y los invitamos a conocer más sobre la soberanía alimentaria y la agroecología.

En este tercer episodio, exploramos los alcances y desafíos de la intervención estatal, incluyendo la normativa necesaria para promover y fortalecer la soberanía alimentaria y la agroecología.

En el diálogo participan distintos actores del ámbito ejecutivo a nivel local y nacional, junto con representantes del Poder Legislativo de la provincia de Tierra del Fuego, así como también aportan su visión expertos en derecho.

Compartirán sus perspectivas el abogado Marcos Filardi, integrante de la REDASA, la Red de Abogados y Abogadas por la Soberanía Alimentaria.

La licenciada en Ciencias Ambientales, Carolina Díaz, profesional del programa Cambio Rural de INTA Tierra del Fuego.

El economista Luis Caballero, profesional del INTA.

Facundo Armas, subsecretario de Desarrollo Productivo del municipio de Río Grande.

Juan Manuel Allende, director de producción del municipio de Río Grande.

Y María Laura Colazo, legisladora provincial de Tierra del Fuego.

Dialogamos sobre el rol del Estado en sus diferentes niveles, nacional, provincial y local, en relación a la producción agroecológica y la soberanía alimentaria.

Sobre este punto, y en particular sobre el Estado Nacional, Marcos Filardi inicia la conversación.

El Estado, según lo que establece nuestra propia Constitución Nacional, tiene que respetar el ejercicio de los derechos humanos, tiene que garantizarlos, es decir, prevenir que se violen y si se violan, investigar a los responsables, sancionarlos y ordenar una reparación adecuada y, por último, adoptar medidas de derecho interno para hacer efectivos esos derechos humanos, para que sean de cumplimiento efectivo, para que sea una realidad en los distintos territorios.

Eso claramente no es lo que está sucediendo.

El Estado no está a la altura de su obligación constitucional, no está a la altura de su obligación de respeto, garantía y de adopción de medidas respecto de los derechos humanos, sino que está actuando, en general, como correa de transmisión de los intereses del agronegocio, generando un marco normativo favorable para el avance del agronegocio en cada uno de sus eslabones, en cada una de sus dimensiones y tolerando que se vulneren como consecuencia de esto la violación de los derechos humanos en los distintos territorios.

Frente a este sistema que enferma en el campo, en la ciudad, frente a este sistema que destruye los bosques, selvas y humedales, frente a este sistema que destruye la fertilidad de los suelos, frente a este sistema que contamina el aire, el agua y el suelo, frente a este sistema que genera el desplazamiento de la agricultura familiar, campesina e indígena, la concentración de la tierra, la que genera un aumento de la pobreza y la indigencia, que genera un desplazamiento forzoso de los pueblos y ciudades y consecuencia del hacinamiento urbano, que genera una destrucción de los polinizadores, es decir, un sistema que a todas luces es secocida, es violatoria de todos nuestros derechos humanos y somete a nuestros pueblos a condiciones de vida que los están enfermando, que los están matando.

Y esto sucede por la quiesencia, la tolerancia y la promoción activa por parte del Estado en connivencia con los sectores que se benefician de este estado de cosas. Por eso, frente a eso, ni más ni menos tenemos que colectivamente reunir ese poder popular lo suficientemente fuerte para exigirle al Estado que haga lo que tiene que hacer, ni más ni menos, que cumpla con lo que nuestra propia Constitución nos establece y que garantice el pleno gozo y ejercicio de los derechos humanos, entre ellos el derecho humano a la alimentación adecuada de todas y de todos.

Carolina Díaz resalta la necesidad de considerar los pilares de la soberanía alimentaria y los principios de la agroecología en las políticas públicas. Hay que analizar los tres niveles de las funciones, tanto municipal, provincial y nacional. En ese sentido, en general, se puede observar que en los tres niveles se dictan capacitaciones y existen financiamientos para acompañar a la producción agroecológica de la soberanía alimentaria.

Una pregunta que nos podemos hacer es si es suficiente o no. Y sobre la soberanía alimentaria hay que tener en cuenta que falta, si bien es una palabra que se menciona en muchos documentos de las funciones del Estado, tanto municipal, provincial como nacional, en Tierra del Fuego, hay que tener en cuenta