Cartas Abiertas - Programa 03 (26/02/2025) 2k3d42

Carta abierta número 3. Decir basta, la salud no es una criptomoneda.

En la carta anterior apelábamos a una fórmula propuesta por Hugo Quiroga, que dice que la ciudadanía es igual a derechos más actores sociales organizados para defenderlos.

El 27 de febrero en todo el país va a haber manifestaciones por el retroceso en el derecho a la salud. No se trata de enfrentar una medida u otra que te afectan o que nos afectan, se trata de enfrentar un verdadero plan de devolución que incluye retrocesos en el nivel de ingreso de los salarios, en la cobertura de medicamentos, en la cantidad de personas que tienen obras sociales, en lo que esas obras sociales como el PAMI efectivamente cubren.

El fin de las moratorias para aquellos a quienes sus empleadores se quedaron con sus aportes.

Los insumos sanitarios que nación dejó de transferir a las provincias.

La crisis de los hospitales nacionales como el Garrahan, el Posadas, el Bonaparte, el Somer.

Los despidos y desmantelamiento de los programas nacionales de VIH, de tuberculosis, de chagas, de hepatitis B, entre otros, para la descoordinación de las provincias abandonadas a su suerte en la lucha contra el dengue. Como puede verse, este listado, aún muy incompleto, no se puede enfrentar punto por punto, porque lo que estamos viviendo es el retiro, la defección del gobierno nacional de sus responsabilidades constitucionales. Pero es tan así, yo escuché que la salud es responsabilidad de las provincias. Vamos a argumentar por qué la nación, el gobierno nacional, el estado nacional, tienen una obligación primaria sobre la salud a la que no tienen opción de renunciar.

La constitución que nos rige, a pesar de que sufrió algunas reformas en 1994, sigue siendo básicamente la de 1853. Muchos años después, durante las gestiones del ministro Ramón Carrillo, se erige un gran sistema nacional de salud en todo el país. Los gobiernos dictatoriales y de derecha, desde entonces, se juramentan destruir ese sistema por temor a que arruine los negocios de la salud, e inventaron aquello de la salud es provincial. ¿Cómo? Sosteniendo que las provincias en 1853 no le delegaron esa responsabilidad al gobierno nacional, un argumento que se cae solo. ¿Cómo iban a delegar una función que ni sabían que existía? Tampoco delegaron, en 1853, el manejo de la energía atómica.

En 1994, los constituyentes no trataron este tema, pero hicieron algo que reforzó la obligación constitucional del gobierno nacional. Reconocer que los acuerdos y convenios internacionales firmados por el gobierno y ratificados por el Congreso, tienen igual rango de importancia que la letra y el espíritu de la constitución nacional a la que se agregan. Resulta que en innumerables ocasiones, el Estado argentino se ha comprometido por esa vía con el derecho a la salud, que las provincias, los municipios, las obras sociales o aún el sector privado contribuyan a garantizar ese derecho, es muy bienvenido.

Pero el garante último es, ha sido y debe seguir siendo el gobierno nacional. Esta semana, el INDEC ha publicado el ingreso promedio de las familias medida en el tercer trimestre de 2024. Resulta que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contaba en ese momento con un ingreso promedio de las familias que era 3,6 veces más que el de la provincia que tiene el ingreso familiar promedio más bajo.

Si el derecho a la salud es y debe ser igual para todos los habitantes del país, ¿quién creen ustedes que tiene la obligación de compensar las diferencias de riqueza y recursos que existe entre una provincia y otra? ¿Quién sino el gobierno nacional? Por eso y por mucho más construir ciudadanía en salud es expresarle al gobierno nacional. La salud no acepta deserciones.