Contrapoderes: Sobreviviendo al Estado. 73x31

En la España de Sánchez, el Tribunal Constitucional, bajo la presidencia de Cándido Conde Pumpido, ha usurpado al Tribunal Supremo sus exclusivas funciones con el objetivo de garantizar que ninguna resolución judicial pueda perturbar la permanencia de los socialistas en Moncloa.

Y si alguien albregaba alguna duda, lo ocurrido con el caso de los Here, la despeja.

Estas eran las palabras que hace unas tres semanas escribía Guadalupe Sánchez en The Objective en referencia al cuestionamiento de la Audiencia Provincial de Sevilla a las últimas sentencias del Tribunal Constitucional.

Lo que se desliza aquí es que, si el caso de los Here no afectase a los altos cargos del PSOE, el Constitucional jamás habría revisado la condena impuesta por los tribunales, así como tampoco se plantearía avalar la amnistía si la gobernabilidad de Pedro Sánchez no dependiera de ello.

La reacción de Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, no se hizo esperar y solicitó el expediente de la Audiencia de Sevilla, alegando que plantear una cuestión prejudicial a la Unión Europea sobre la legalidad de una sentencia del Tribunal Constitucional podría ser un acto de desobediencia y, además, hace pocos días declaró que cuestionar al Tribunal Constitucional es cuestionar la Constitución y el sistema democrático.

Por su parte, Álvaro García Ortiz, actual fiscal general, se encuentra inmerso desde hace unos meses en una causa por revelación de secretos y filtración de información personal sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Por si esto fuera poco para ensombrecer la figura del fiscal general, García Ortiz optó por el borrado de datos de su teléfono personal para entorpecer una investigación que le ha acabado convirtiendo en el primer fiscal general imputado de la democracia española.

Mientras tanto, a principios de este mes, María Jesús Montero, vicepresidenta del gobierno y ministra de Hacienda, entre la estupefacción y la risa floja de los que la vemos desde fuera, cuestionaba la presunción de inocencia tras la absolución de Dani Alves en un supuesto caso de agresión sexual.

Y es que no es la primera vez que las instituciones son utilizadas para fines partidistas y expansionistas del poder, atacar a ciudadanos y poner en cuestión, según convenga, los derechos por los que los amantes del Estado de Derecho sacan pecho.

Y aquí nos encontramos, ateos del Estado, criticando que no haya separación de poderes, pidiendo límites y exigiendo control sobre un ente al que no le concedemos legitimidad ni existencia en un sentido ontológico.

Y precisamente hablamos hoy de esto en un nuevo intento por hacer entender que ante la presente y aparente inevitabilidad del Estado, lo menos que podemos pedir es que existan procesos e instituciones más o menos garantistas ante la maquinaria burocrática y su insaciable apetito de expansión.

Pero claro, si hay estados de por medio, podemos esperar lo peor.

El Estado es en esencia un monopolio territorial de la violencia legitimada.

No está para protegernos, sino para istrar lo que es nuestro a su antojo.

Cualquier aparato estatal tiende a crecer, a centralizar y a eliminar obstáculos a su expansión.

El Estado no se frena, devora al individuo.

Ancho Bastos ha hablado varias veces de cómo antes el Estado era visto con cierto recelo y ahora, gracias a la ingeniería ideológica, se presenta como un ente racional protector de los débiles.

La idea que el propio profesor Bastos desliza sobre que un día todos nos cogimos de la mano y creamos el Estado en paz y armonía ha permeado la sociedad y ha permitido una brutal expansión del Estado en detrimento de nuestras libertades desde el siglo XX.

Los contrapoderes desde esta perspectiva son figuras necesarias que hay que preservar, no porque confiemos en ellas o les demos legitimidad, sino porque retrasan el avance del poder total y son la única herramienta que nos queda cuando el Estado nos señala.

Lo ocurrido con García Ortiz y Conde Pumpido no son errores puntuales, es una consecuencia lógica de un sistema que es elegido por el Estado.