Adelantos de Futuro Resiliente 4i2e1

En entrevista para Futuro Resiliente, el académico de la Universidad de Concepción e investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus) Francisco de la Barrera nos explica qué es la planificación territorial y cómo puede usarse para prevenir y reducir el impacto de los incendios que ocurrirán no solo esta temporada, sino durante los próximos 20 o 40 años. Música: "Firmament", de PeriTune; "Majestic", de Casi

Un análisis del Instituto para la Resiliencia ante Desastres (Itrend) arrojó que, aunque son menores en comparación con los que se realizan sobre otras amenazas en Chile, los estudios sobre incendios forestales crecieron un 45% después de los últimos megasiniestros en el país. Escucha aquí la entrevista en el programa "A tiempo y sin pauta", de radio Biobío. Revisa el informe aquí: https://conectaresiliencia.cl/investigacion-incendios/

En entrevista para Futuro Resiliente, el académico de la Universidad de Concepción e investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus) Francisco de la Barrera nos explica qué es la planificación territorial y cómo puede usarse para prevenir y reducir el impacto de los incendios que ocurrirán no solo esta temporada, sino durante los próximos 20 o 40 años.

En entrevista para Futuro Resiliente, el académico de la Universidad de Concepción e investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus) Francisco de la Barrera nos explica qué es la planificación territorial y cómo puede usarse para prevenir y reducir el impacto de los incendios que ocurrirán no solo esta temporada, sino durante los próximos 20 o 40 años.

En entrevista para Futuro Resiliente, el académico de la Universidad de Concepción e investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus) Francisco de la Barrera nos explica qué es la planificación territorial y cómo puede usarse para prevenir y reducir el impacto de los incendios que ocurrirán no solo esta temporada, sino durante los próximos 20 o 40 años.

En entrevista para Futuro Resiliente, el académico de la Universidad de Concepción e investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus) Francisco de la Barrera nos explica qué es la planificación territorial y cómo puede usarse para prevenir y reducir el impacto de los incendios que ocurrirán no solo esta temporada, sino durante los próximos 20 o 40 años.

Extracto de la entrevista a Francisco Sierra, gerente de estudios de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), quien conversó con Futuro Resiliente sobre los esfuerzos que realiza la industria forestal para prevenir y combatir los incendios forestales.

Extracto de la entrevista a Francisco Sierra, gerente de estudios de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), quien conversó con Futuro Resiliente sobre los esfuerzos que realiza la industria forestal para prevenir y combatir los incendios forestales.

Extracto de la entrevista a Francisco Sierra, gerente de estudios de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), quien conversó con Futuro Resiliente sobre los esfuerzos que realiza la industria forestal para prevenir y combatir los incendios forestales.

En entrevista para Futuro Resiliente, Aída Baldini, gerenta forestal de Conaf, explica que muchas de las zonas devastadas por los megaincendios de enero de 2017 no se recuperarán nunca. Por ello, es muy importante un trabajo preventivo y de limpieza de esos terrenos, para evitar su degradación y nuevos brotes de incendio. Música: "Majestic", de Casi

Aída Baldini, gerenta forestal de Conaf, cuenta la historia de las plantaciones forestales en Chile y cómo han servido para evitar la erosión de suelos, recuperar terrenos degradados por la sobreexplotación agrícola de siglos pasados y para proteger al bosque nativo de la explotación maderera. Música: "Majestic", de Casi

Un buen ejemplo de cómo la coordinación público-privada puede mejorar la resiliencia de las redes sanitarias se dio en 2019, en Calama. Ese año, las lluvias estivales provocaron un exceso de turbiedad en las fuentes de agua potable de la ciudad, que estuvo sin sin agua por dos días. Para solucionar el problema, se coordinó con la empresa sanitaria y el Ministerio de Obras Públicas la construcción de obras que conectaron el embalse Conchi (habitualmente destinado a riego) a la red de agua potable de Calama para casos de emergencia.

Hoy, el marco legal en el cual se mueve el sector sanitario está en revisión. Después de 30 años, se está impulsando un ajuste al marco regulatorio para incorporar la gestión de riesgo de desastre, que no forma parte de la legislación vigente. Se incorporará la obligatoriedad de los planes de emergencia y temas tarifarios, entre otras modificaciones.

Cuando ocurren cortes generalizados en el servicio de agua, en general las empresas se ven sobrepasadas, porque no están preparadas para instalar un gran suministro alternativo. La Superintendencia de Servicios Sanitarios tiene planes de suministros alternativos para situaciones como la de Osorno, con cortes de agua masivos y a veces prolongados. En esos casos, la empresa, en conjunto con el resto de la organización de protección civil como Onemi, el Municipio, se coordinan para instalar este sistema de suministro alternativo. El objetivo es asegurar que las personas tengan a agua potable por cualquier medio posible.

El sistema eléctrico nacional suministra energía al 98% de la población, está compuesto de más de 1.000 subestaciones y 500 unidades generadoras. Para hacer este sistema más resiliente, debe entenderse bien su funcionamiento y simular miles de escenarios de desastre para determinar cómo respondería, además de qué otros servicios o redes podría afectar, algo que aún no se conoce a cabalidad.

Uno de los mayores desafíos de la industria aseguradora tiene que ver con que todos los actores del mercado estén preparados para un desastre y que los sistemas de operación se encuentren integrados: los procesos de denuncia, identificación del asegurado, carga de las pólizas, criterios de liquidación y pago de indemnizaciones requieren acuerdos previos, porque, una vez ocurrido el evento, resulta muy difícil lograrlos, dice en sus conclusiones un informe de la AACH. Y respecto a los demás actores, Claude reconoce que aún no están preparados: «Se requiere una instancia de coordinación mucho más fluida de la que tenemos. No es deseable que cada vez que se produzcan estas catástrofes cada uno de nosotros salga a hacer su trabajo sin coordinarse con los demás», dice Claude. Para solucionar este problema, él sugiere la creación de una instancia público-privada.

El sector de aseguradoras y reaseguradoras ha hecho importantes contribuciones al análisis de riesgo y vulnerabilidad de infraestructura. En Chile, la AACH desarrolló un mapa para identificar todas aquellas áreas que son susceptibles a impactos de sismos y tsunamis dentro de la economía, el cual se puso a disposición de Onemi en 2015.

El Estado chileno no tiene su infraestructura asegurada, por lo que la reconstrucción luego de un desastre de gran magnitud debe ser financiada totalmente con recursos públicos. Esto significa habitualmente un aumento de los impuestos y un desvío de recursos de otros planes y programas. «Nosotros creemos que un país [...] como el nuestro debería considerar dentro de su presupuesto ordinario el pago de las primas de seguro para la infraestructura pública y a partir de ahí, cuando ocurren los siniestros, ya está pagada la prima del seguro, por lo tanto, el seguro se hace cargo de la reconstrucción o de poner los recursos necesarios para que se vuelva a parar la infraestructura y podamos comenzar a operar lo más rápidamente posible», dice Claude.

En entrevista con Futuro Resiliente, Jorge Claude, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile, explica que el terremoto del 27 de febrero de 2010 fue el más costoso en la industria de seguros en el mundo en términos relativos al tamaño del mercado. Para ese entonces, las compañías de seguros recibían primas anuales totales de seguros generales del orden de 2.500 millones de dólares y tuvieron que pagar 6.500 millones de dólares por indemnizaciones después del terremoto. Es decir, alrededor de un 220% del total de la prima anual.

Cualquier desarrollo de redes viales más resilientes se topa con un escollo importante: actualmente, la metodología de evaluación social de proyectos no incluye la resiliencia para la comparación económica de alternativas. El Ministerio de Desarrollo Social está haciendo un esfuerzo para considerar a nivel de prefactibilidad de proyectos el riesgo y la resiliencia, pero no tiene la metodología para cuantificar los beneficios sociales generados por la inversión resiliencia.