Café De tarde 2025-05-20 71n6

Son las cuatro y media. Radio Las Palmas FM. Radio Las Palmas, Servicios Informativos, Asunción Benítez.

Saludo, buenas tardes. La Policía Nacional asegura que la investigación abierta al empresario libanés y afincado en Tenerife, Mohamed Derbag, no implica delito alguno al vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, resaltan fuentes del cuerpo.

Un informe de asuntos internos avanzado por El Mundo revela una presunta conversación entre Matos y el empresario en prisión desde hace semanas como líder de una red que se dedicaba a la organización criminal, tráfico de drogas, cohecho y blanqueo de capitales en la que le pedía interceder para evitar inspecciones a sus clubes canábicos.

En la operación llevada a cabo hace algunas semanas también fue detenido, entre otros, Francisco Mohar, inspector de policía ya jubilado y que fue el primer instructor del caso mediador.

Gustavo Matos ha comparecido ante los medios de comunicación para dar su versión de los hechos. Ha dicho en redes sociales que no ha mantenido ninguna relación de carácter económico, empresarial ni profesional de ningún tipo con el empresario y el encuentro se limitó a una relación de cordialidad derivada de amistades comunes en el ámbito empresarial y social de Tenerife.

Lamenta profundamente la filtración interesada y sacada de contexto que se ha hecho del contenido de unos autos que desconoce y que previamente no se haya dado la posibilidad de escuchar su explicación con el único ánimo de perjudicar su imagen.

Los hechos están en manos de determinadas personas. En el día de ayer, ayer por la noche, tengo constancia y conocimiento de la supuesta existencia de un informe que está en unos autos que todavía están sobre, digamos, secreto sumarial y que, por alguna razón ilegal, están en manos de un medio de comunicación.

Todo esto es gravísimo porque, de momento, el único delito que sabemos que se ha cometido se ha cometido por la filtración parcial, sesgada o lo que sea, porque no lo puedo saber de este informe. Por tanto, es un delito que está tipificado en el artículo 466 del Código Penal.

Digo, no tengo manera de comprobar que lo que ha sido publicado se corresponde estrictamente con un informe de la Policía, de la Unidad de Asuntos Internos, que eso es importante y ahora diré por qué. No sé lo que existe en esas actuaciones y se han adelantado con toda seguridad manipulando y dando una información sesgada con la única finalidad de producir el mayor daño posible y dar respaldo a una noticia que carece de la más mínima similitud con los hechos.

Abordamos otros asuntos.

Y la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias ha logrado en los últimos tres meses que varias ONG despidan a trabajadores de centros de menores de las islas por una falta de buen trato a sus s.

Lo ha asegurado a EFE la responsable de este departamento, Sandra Rodríguez, tras conocerse el cierre y precinto judicial del Centro para Menores con medidas de reforma La Fortaleza 1. En los últimos tres meses y tras recibir denuncias de situaciones flagrantes de vulneraciones del interés superior del menor, ha exigido a varias entidades que gestionan este tipo de centros que aparte de manera cautelar a los trabajadores responsables de la guarda de estos chicos.

Por parte nuestra se haya requerido a varias entidades para que procedan a la separación cautelar de algunos trabajadores que puedo comunicar que estas entidades procedieron porque así lo consideraron oportuno fue el despido de los mismos.

El Tribunal Supremo ha aceptado examinar si el Estado tiene alguna competencia que asumir en la primera acogida de los menores migrantes que llegan a España sin adultos a su cargo como sostiene el Gobierno de Canarias. En un auto, el Supremo ha abierto un tercer litigio en el pulso legal que desde hace meses mantiene el Gobierno de España y el de Canarias sobre cuáles son las competencias de cada uno en esta materia.

Según el portavoz del Ejecutivo Canario, Alfonso Cabello, la noticia supone un paso más del Supremo que da la razón a la interpretación de Canarias que insiste en que los menores migrantes son una responsabilidad del conjunto del Estado español.